La Policía Nacional del Perú (PNP) ha solicitado con carácter de muy urgente reforzar la seguridad en las embajadas y residencias diplomáticas de México, Brasil y Bolivia, ante la posibilidad de que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo intente fugarse o solicitar asilo político en alguna de esas sedes.
El pedido fue formalizado ayer 27 de junio de 2025 mediante un oficio de la Dirección de Seguridad Integral, dirigido al jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Hugo Felipe Monroy. En el documento, firmado por el coronel Luis Ángel Santos Villar, se ordena disponer de personal policial de las comisarías del sector y del Servicio de Operaciones Especiales (SOES) para fortalecer la vigilancia en las delegaciones diplomáticas señaladas.
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La solicitud responde a la situación judicial que enfrenta el exmandatario, investigado por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido S/2,3 millones en sobornos de empresas constructoras, a cambio de la adjudicación de obras emblemáticas como el Proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Prisión preventiva rechazada
Como se sabe, ayer el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por seis meses contra Vizcarra. El juez Víctor Alcocer argumentó que no se cumple el estándar de elementos de convicción para justificar una medida tan severa.
No obstante, el magistrado dispuso imponer comparecencia con restricciones y un nuevo impedimento de salida del país por seis meses, a partir del 5 de julio de 2025. Entre las reglas de conducta, se establece que el exjefe de Estado no podrá acudir a embajadas ni comunicarse con personas vinculadas a ellas, además de cumplir con control biométrico mensual y justificar sus actividades cada 30 días.
Fiscalía apelará decisión judicial
El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, anunció que apelará la decisión del Poder Judicial. Según la Fiscalía, el expresidente representa un riesgo de fuga latente, especialmente ante la proximidad del vencimiento de su actual impedimento de salida, fijado hasta el 4 de julio.
El Ministerio Público ha solicitado para Vizcarra una condena de 15 años de prisión efectiva, 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/151 580 en días multa. El juicio oral en su contra se encuentra en curso desde octubre de 2024.
¿Crees que fue acertada la decisión del juez de rechazar la prisión preventiva y optar por comparecencia con restricciones? Escríbenos en los comentarios.
