El Poder Judicial rechazó este miércoles el pedido de la Fiscalía para imponer 36 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos.
Durante la audiencia, el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el requerimiento fiscal al considerar que no se cumplen los presupuestos legales para restringir la libertad de tránsito de la exmandataria.
“No se cumple con los presupuestos, no existe sustento fáctico. Si bien se cumple la pena mayor a tres años, no existen actos de investigación que hagan indispensable la presencia de la investigada. Tampoco existe peligro de fuga, no es proporcional debido al comportamiento procesal”, sostuvo el magistrado durante la lectura de su resolución.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, argumentó que es “imposible” que su defendida se fugue, ya que aún se desplaza con seguridad del Estado tras su destitución del cargo presidencial.
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Por su parte, el fiscal Ángel Astoncondor, representante del Ministerio Público, anunció que apelará la decisión judicial, insistiendo en que el impedimento de salida es una medida necesaria para asegurar el desarrollo de las investigaciones.
Investigación en curso
La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a Boluarte por presuntamente haber creado una cuenta mancomunada a favor del partido Perú Libre, destinada a recaudar fondos entre militantes para pagar la reparación civil impuesta al prófugo líder de la agrupación, Vladimir Cerrón.
Asimismo, se indaga un presunto financiamiento irregular de la campaña electoral del 2021, cuando Boluarte integró la fórmula presidencial de Perú Libre.
Audiencia pendiente
Pese al fallo favorable, la exmandataria no está libre de restricciones judiciales. Este jueves 16 de octubre, el Poder Judicial evaluará un segundo pedido fiscal para imponerle 18 meses de impedimento de salida del país, esta vez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La audiencia virtual está programada para las 8:00 a.m. y estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien analizará el requerimiento presentado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el pasado 10 de octubre.
