El debate sobre el retorno del servicio militar obligatorio ha resurgido en el Perú, impulsado por dos propuestas que lo plantean como una herramienta para combatir la delincuencia juvenil. Sin embargo, estadísticas del Ministerio Público y el Poder Judicial revelan que solo el 1 % de los delincuentes son menores de edad y menos del 9 % de los sentenciados tienen menos de 18 años, cuestionando la efectividad de esta medida frente al problema.
Una de las propuestas proviene de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), quien busca reformar la Ley 29248. Según su proyecto de ley, reinstaurar el servicio militar obligatorio fortalecería la defensa nacional y ayudaría a recuperar el “control generacional” que, argumenta, se perdió con la transición al servicio voluntario.
Por su parte, la Municipalidad de Los Olivos presentó una iniciativa que sugiere aplicar esta medida a jóvenes desempleados por más de 12 meses consecutivos, como parte de un plan coordinado entre el Estado y los gobiernos locales para mejorar la seguridad ciudadana.
El debate surge en un contexto de creciente alarma por la inseguridad, agravada por casos recientes como el asesinato de un colectivero en Puente Piedra, presuntamente perpetrado por adolescentes de 13 y 14 años.
Aunque las propuestas han generado controversia, expertos en seguridad y derechos humanos advierten sobre la necesidad de abordar la delincuencia juvenil desde un enfoque integral, que priorice la prevención, la educación y el acceso a oportunidades antes que medidas coercitivas como el servicio militar obligatorio.
