Un proyecto de ley que busca regular la publicidad de los alimentos y bebidas ofrecidas por los restaurantes de comida rápida, denominados “fast food”, fue presentado para su discusión en el Congreso de la República.
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La iniciativa legislativa, planteada por el parlamentario Juan Carlos Gonzales, apunta a que los establecimientos brinden “información oportuna, suficiente y veraz” sobre la cantidad y porcentaje de calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcares, sodio y proteínas de lo ofertado.
Con ello, considera el legislador, la población podrá tomar mejores decisiones de consumo que no representen un riesgo o peligro para su salud, además de fomentar una elección saludable de los alimentos y contribuir a la reducción de enfermedades vinculadas al sobrepeso.
Esta regulación aplicará a todos los establecimientos, incluyendo los restaurantes en cadena y de franquicia, y a los proveedores de alimentos, sean o no franquicias.
De acuerdo con el proyecto, los establecimientos deberán dar cuenta de “manera clara, legible y destacada” en sus cartas de menú, listados de productos, pantalla electrónica o digital.
Bajo esa premisa tendrán que contar con información del contenido nutricional de los alimentos y bebidas destinados a la venta para el consumo final, y entregarlo a los consumidores que lo soliciten.
Además, colocarán carteles en un lugar visible, con la siguiente suscripción: «Los alimentos y bebidas con cantidades elevadas de azúcar, grasas y sodio no son saludables y contribuyen a la obesidad y sobrepeso».
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El proyecto propone que el Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades, realizarán campañas informativas y charlas de educación sobre riesgos a la salud por el consumo de alimentos y bebidas consideradas “comida rápida”.
De igual modo plantea que difundan y promocionen las ventajas de la alimentación saludable, el consumo de alimentos saludables con alto contenido nutricional y la mejora de los hábitos alimentarios.
Serán las municipalidades, junto al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual los encargados de supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la ley.
Fuente: Andina