Pese a que lleva más de un mes prófugo, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, dejó por unos minutos la clandestinidad para esgrimir argumentos en contra del pedido de prisión preventiva que presentó el Ministerio Público en su contra.
En efecto, el empresario cajamarquino participó ayer en la audiencia judicial en la que se evaluó la solicitud para recluirlo, participación que, a la postre, fue estéril.
Al terminar la sesión, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, dictó 30 meses de prisión preventiva para Sánchez Sánchez, investigado por el presunto delito de organización criminal en el caso “Gabinete en la sombra”.
El hombre de negocios, cuya vivienda del jirón Sarratea, en Breña, fue escenario de reuniones furtivas del presidente Pedro Castillo, alegó que no ha cometido ningún delito, razón por la cual tampoco se entrega a la justicia.
“Es natural autoprotegernos. He sido obligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón”, agregó Alejandro Sánchez.
El amigo de Castillo -señalado también por un colaborador eficaz como presunto testaferro del jefe de Estado- alegó que pidieron su encierro solo para preguntarle si recomendó la contratación de funcionarios, si tiene influencia en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y si medió para que el mandatario se reúna con un representante de la minera Macusani Yellowcake, con intereses en la industria del litio.
Añadió que solo se ha “cruzado” con el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y que no conoce a los demás colaboradores eficaces.
Pese a sus palabras, el magistrado Zúñiga dictó prisión para Sánchez y ordenó su ubicación y captura nacional e internacional.
