Las regiones vulnerables, la prevención de lluvias y la baja ejecución presupuestal vuelven a quedar en el centro del debate, luego de revelarse que Piura e Ica han utilizado menos del 2 % de los recursos destinados a prevenir desastres climáticos en 2025, pese al alto riesgo que enfrentan año tras año.
El economista Patricio Lewis, de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), recordó que en los últimos cinco años el país ha sufrido eventos climáticos extremos con graves consecuencias humanas y económicas. Solo el ciclón Yaku, en 2023, ocasionó daños superiores a los US$ 4,000 millones y dejó más de 60 personas fallecidas.
Estos fenómenos han impactado de manera directa en sectores clave de la economía nacional. La agricultura ha visto interrumpidas sus cadenas productivas, el transporte ha sufrido bloqueos en rutas estratégicas y el turismo ha registrado fuertes caídas debido a cancelaciones masivas y pérdida de conectividad.
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Lewis advirtió que el problema no se limita a la falta de recursos. El presupuesto para prevención en 2025 es 45 % menor al asignado en 2023, pero además existe una debilidad estructural en la gestión pública, marcada por escasa planificación, limitada capacidad técnica y discontinuidad de proyectos preventivos.
Como alternativa, el especialista planteó invertir en infraestructura resiliente, fortalecer capacidades locales, ampliar sistemas de alerta temprana, desarrollar protección social adaptativa y ordenar el territorio con enfoque de riesgo. Según sostuvo, cada dólar invertido en prevención puede evitar hasta cuatro dólares en pérdidas futuras, una lección que el país aún no termina de asumir.
