La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe que archiva la denuncia presentada por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el excongresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, por el caso ‘Los temerarios del crimen’.
La denuncia constitucional 187 –acumulada con las acusaciones 178, 179, 180, 181 y 187– sindicaba al exlegislador fujimorista como autor de los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado.
El informe, elaborado por el congresista José Jerí (Somos Perú), fue aprobado con diez votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones.
Votaron a favor los congresistas fujimoristas Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu y Martha Moyano; así como Jorge Montoya y José Cueto, de Renovación Popular, y José Jerí.
Mientras que se opusieron al informe los parlamentarios de Perú Libre Margot Palacios, Segundo Montalvo e Isaac Mita; Kira Alcarraz y Francis Paredes (Podemos Perú); Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú); y José María Balcázar (Perú Bicentenario).
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¿Por qué fue denunciado Héctor Becerril?
El Ministerio Público presentó la referida denuncia constitucional contra Becerril Rodríguez el 10 de julio del 2020, en la que lo sindicaba como presunto miembro de la organización criminal ‘Los temerarios del crimen’ o ‘Los corchines de la corrupción’.
Según la Fiscalía, el entonces parlamentario fujimorista habría sido el brazo político de dicha organización delictiva y habría operado incluyendo obras a favor de la Municipalidad de Chiclayo en el Presupuesto General de la República. Esto habría sido en confabulación con David Cornejo Chinguel, exburgomaestre de dicha provincia, y otros funcionarios ediles entre los años 2016 y 2018.
Por esta operación, Becerril habría recibido beneficios económicos, como la compra de porcelanato para su vivienda.
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Además, en abril del 2019, el entonces parlamentario aceptó haberse reunido con Cornejo Chinguel, tras denuncias periodísticas que daban cuenta de, al menos, cinco encuentros entre ambos desde el 2016, en su despacho congresal. Para entonces, el alcalde de Chiclayo ya tenía una denuncia en su haber por el delito contra la administración pública, formulada el 2015.
Asimismo, la Fiscalía le atribuye a Becerril el haberse aprovechado de su cargo en el Congreso y ofrecido gestionar el presupuesto de la Municipalidad de Aucallama en la provincia de Huaral, a cambio de que esta comuna cumpla con pagar una deuda de S/248 millones 565 soles a una empresa presuntamente vinculada a su hermano Segundo Becerril.
No obstante, el congresista José Jerí, autor del informe final sobre el caso que será debatido en la SAC, recomienda que se archive la investigación porque los elementos de convicción no habrían podido ser corroborados.