El Tribunal Constitucional (TC) marcó un hito al determinar que los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no deben quedar exonerados de responsabilidad penal por delitos ambientales. En su reciente fallo, el TC también ordenó al Congreso y al Poder Ejecutivo corregir cualquier norma que permita esta situación de impunidad.
La sentencia se emitió en el marco de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388, que amplió el plazo de inscripción en el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2024. Según el TC, ningún proceso de formalización debe otorgar inmunidad penal a quienes infringen las leyes ambientales, ni en regímenes transitorios ni en políticas permanentes.
Este pronunciamiento subraya el fracaso de más de dos décadas de intentos de formalización minera en el país. Según el abogado ambientalista César Ipenza, existe una evidente complicidad entre el Congreso y el Ejecutivo, y advirtió que cada año salen del país alrededor de 60 toneladas de oro de origen ilegal, lo que agrava el problema.
Suyo, principal foco de minería informal
El distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca (región Piura), se ha convertido en el principal foco de minería informal e ilegal de la región. La actividad también se ha extendido a zonas cercanas como Las Lomas, Sapillica y Paimas, movilizando a más de 10.000 personas que trabajan fuera de los marcos legales y ambientales.
Frente a este panorama, el TC advirtió que el proceso de formalización minera debe garantizar el cumplimiento de normas sociales y ambientales. Además, exigió que los mineros que operan bajo el amparo del Reinfo sean sancionados si incumplen las leyes, dejando claro que la protección del medio ambiente no puede seguir postergándose.
