El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios advirtió que podría comenzar una huelga a nivel nacional indefinida si el gobierno no asegura la estabilidad laboral de sus trabajadores y no convoca una mesa de diálogo. Esto ocurre luego de que el presidente de Transición, José Jerí, anunciara que el Ejecutivo solicitó al Congreso las facultades para reestructurar por completo el sistema penitenciario.
La Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización sustituiría al INPE, que dejaría de existir bajo este proyecto. Según los dirigentes, la posible desaparición del INPE constituye una amenaza directa para la estabilidad laboral de los trabajadores y podría provocar despidos masivos.
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Julio César Burga, secretario general del sindicato, señaló que la primera acción sería un plantón en el Ministerio de Justicia, aunque las bases han solicitado elevar la medida a una paralización total de labores en los 69 penales del país. “Si no encontramos una alternativa, lamentablemente tendríamos que declararnos en una huelga nacional indefinida”, afirmó en una entrevista para Panamerica.
Asimismo, los dirigentes rechazaron que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional obtengan funciones de control en los centros penitenciarios, recordando que en épocas anteriores dentro de la administración policial existieron graves problemas de seguridad y de ingreso de armas y objetos prohibidos.
Indicaron que es necesario que cualquier cambio se enfoque en la resocialización y proteja la institucionalidad desarrollada por el INPE en los últimos años.
El sindicato exige garantías y claridad sobre la situación laboral de los trabajadores antes de que el Congreso apruebe las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Si no se obtiene una respuesta, advierten que podría ocurrir una huelga indefinida que impactaría directamente en la gestión penitenciaria a nivel nacional.
