Desde el 27 de junio, la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) no cuenta con un asesor legal, lo que ha paralizado múltiples trámites administrativos y generado perjuicios a docentes, especialmente a directivos con procesos pendientes de resolución. Entre los casos más afectados está el del profesor Miguel Eduardo Marigorda, con 39 años de servicio, quien no recibe el pago por el cargo de director que actualmente ocupa, debido a errores sin corregir en su resolución.
El docente fue reasignado en julio de 2024 y su resolución presenta inconsistencias que deben ser revisadas por un asesor legal. Sin este especialista, el procedimiento no puede avanzar, lo que ha generado malestar entre los afectados y evidenciado la falta de operatividad de la DREP.
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Según el área de Recursos Humanos de la entidad, la designación del asesor legal depende directamente del Gobierno Regional de Piura, que aún no ha cubierto la plaza vacante. Se pudo conocer que hasta la semana pasada no se encuentran un profesional que cumpla “con el perfil solicitado”.
Ante esta situación, un grupo de profesores ha solicitado públicamente el cambio inmediato del director regional de Educación, señalando su falta de capacidad para resolver la crisis. Los docentes exigen soluciones urgentes para que sus derechos laborales no sigan siendo vulnerados.
