Tras la masacre que tuvo lugar el 26 de abril pasado, donde 13 trabajadores de seguridad fueron asesinados en dos socavones del distrito de Pataz, La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas llevaron a cabo la mayor operación del año contra la minería ilegal.
La denominada “Operación Pataz II” consiguió la destrucción de 17 minas ilícitas y 10 fábricas de procesamiento de oro, resultando en pérdidas calculadas en S/56.7 millones para las organizaciones delictivas.
La acción se realizó en las zonas de Suyubamba, Los Manzanos y La Ciénaga, ubicadas cerca al lugar de la matanza. El operativo policial contó con la participación de más de 1.200 oficiales de diversas unidades especializadas como la Dirección de Medio Ambiente, DINOES, SUAT y la Región Policial de Trujillo, con el respaldo del Comando Unificado de Pataz.
De acuerdo a La República, las restricciones estaban bajo el control de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de representantes del Ministerio de Energía y Minas.Según cifras oficiales, de los 1.291 mineros registrados en el Reinfo en Pataz, más del 75% fue suspendido por abandonar el proceso de formalización. Cuatro días antes del operativo, el Minem revocó 696 registros, lo que sugiere un traspaso masivo de trabajadores al sector ilegal, lo cual intensificó el foco de las autoridades sobre la zona.
Durante la incursión en Suyubamba, a más de 2.800 metros de altura, se hallaron 13 campamentos ilegales, 5 plantas de procesamiento y cientos de galones de combustible, además de explosivos, detonadores, maquinaria pesada y herramientas especializadas. Los socavones fueron destruidos mediante cargas explosivas colocadas por efectivos de la Dinoes en condiciones de extrema dificultad y riesgo.
