El Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios ha expresado su profunda indignación tras el brutal asesinato de su secretario general, Arturo Cárdenas Fernández. Este trágico hecho ocurrió la tarde del último jueves en La Victoria, cuando Cárdenas fue atacado a sangre fría al salir de una reunión en la sede central del sindicato.
El sindicalista fue abatido por un sicario mientras subía a su vehículo, el cual estaba estacionado frente a las oficinas en el jirón Cangallo. El criminal le disparó en repetidas ocasiones, mientras su chofer escapaba aterrorizado. Cárdenas no llevaba puesto el chaleco antibalas que usualmente lo protegía, lo que facilitó que el sicario cumpliera su cometido. El delincuente, que logró huir herido en una motocicleta conducida por otro cómplice, fue captado por cámaras de seguridad, las cuales serán clave para su identificación y captura.
Cárdenas falleció en el hospital Guillermo Almenara mientras era sometido a una operación de emergencia. Este asesinato se suma al de Américo Román Gonzales Palomino, otro dirigente sindical de Construcción Civil, quien fue emboscado y asesinado en San Juan de Miraflores.
Las autoridades investigan diversas hipótesis sobre quién ordenó el asesinato de Arturo Cárdenas. La principal línea de investigación apunta a un ajuste de cuentas relacionado con la hegemonía en el cobro de cupos en obras de construcción, un problema que ha costado la vida de al menos 24 dirigentes sindicales en los últimos años. Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la FTCCP y presidente de la CGTP, denunció que estos crímenes son perpetrados por pseudo sindicatos vinculados a mafias, y exigió la anulación de más de 200 registros sindicales otorgados por el Ministerio de Trabajo.
Villanueva también señaló que el asesinato de Cárdenas podría estar relacionado con la adjudicación de obras en 14 colegios Bicentenarios a una empresa china, la cual decidió trabajar exclusivamente con sindicatos formales. A pesar de las constantes amenazas recibidas por Cárdenas y otros dirigentes, las denuncias no fueron investigadas adecuadamente.
El Ministerio del Interior condenó el asesinato y se comprometió a colaborar con la Policía Nacional del Perú (PNP) para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este crimen. Sin embargo, la desactivación de la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles, creada en 2014 para combatir el sicariato y el cobro de cupos, ha generado preocupación en los gremios.
El Comité Contra la Delincuencia y por la Paz, conformado por diversas organizaciones sindicales y empresariales, ha exigido al Gobierno y a las instituciones competentes un compromiso real en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Según Alfonso Bustamante, de Confiep, la sensación de desprotección en la población es alarmante, y no se debe permitir que la impunidad siga siendo la norma en estos casos.
