El Vaticano anunció la creación de un canal especial en Lima para indemnizar a las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), organización disuelta tras protagonizar uno de los mayores escándalos de abusos en la Iglesia peruana. La medida forma parte del proceso de liquidación de sus bienes y de reparación a los afectados.
El encargado de implementar esta iniciativa es el enviado especial de la Santa Sede, Jordi Bartomeu, quien informó que este mecanismo estará disponible entre el 4 y el 22 de mayo de 2026 en la sede de la Nunciatura Apostólica del Perú.
¿Qué casos serán atendidos?
El denominado “canal de primera escucha” está dirigido a personas que consideren que no recibieron una reparación adecuada. Según el comunicado, se evaluarán denuncias por:
- Abusos físicos, sexuales y espirituales
- Manipulación en dirección espiritual
- Abusos de conciencia mediante prácticas sectarias
- Abuso de autoridad, acoso laboral y encubrimiento
- Perjuicios económicos y acceso indebido a comunicaciones
Las víctimas deberán solicitar una cita o enviar su denuncia con documentación de respaldo. No se aceptarán casos anónimos ni presentados por terceros o en nombre de personas fallecidas.
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Plazo límite
El Vaticano advirtió que no se admitirán nuevas solicitudes después del 22 de mayo. Tras la evaluación, los resultados serán comunicados en un plazo mínimo de tres meses.
Este proceso forma parte de la intervención iniciada tras la caída del grupo fundado por Luis Fernando Figari, quien fue expulsado junto a otros miembros acusados de abusos. La Santa Sede determinó que las instituciones creadas por Figari carecían de un auténtico carisma religioso.
Un escándalo de gran alcance
El Sodalicio, fundado en 1971, llegó a construir un poderoso conglomerado económico con presencia en sectores inmobiliarios, educativos y empresariales, con activos valorizados en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Investigaciones también han señalado el uso de paraísos fiscales para presuntas operaciones irregulares.
Cuestionamientos y desconfianza
Pese a las medidas adoptadas, organizaciones como la Red de Sobrevivientes Perú han cuestionado la efectividad del proceso. Su vocero, José Enrique Escardó, ha señalado que la supresión del grupo fue “solo nominal” y ha pedido reformas más profundas dentro de la Iglesia para evitar nuevos casos de abuso.
No obstante, además de las medidas de indemnización anunciadas, Bartomeu ahora supervisará la situación de los sacerdotes del grupo, quienes no dependían de un obispo y tenían como superior a Figari, oculto actualmente en un sanatorio para ancianos en Roma.
La Santa Sede exhortó a no interferir en el proceso, señalando que el objetivo central es garantizar una reparación efectiva a las víctimas y evitar cualquier obstáculo en el desarrollo de las investigaciones.
