El fiscal provincial de lavado de activos Richard Rojas Gómez solicitó 36 meses de prisión preventiva para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
El requerimiento fiscal fue presentado ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez John Pillaca, que deberá programar audiencia para revisar el pedido en los próximos días.
Además, Rojas Gómez solicitará comparecencia con restricciones para los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido, también investigados por presunta organización criminal y lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento.
El fiscal Rojas dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Vladimir y Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Richard Rojas García, Arturo Cárdenas Tovar, Marina Vásquez López, Eduardo Reyes Salguerán, Waldys Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra, Francisco Muedas Santana y Bertha Rojas López. Esta última es la madre de los hermanos Cerrón.
Según la fiscalía, los investigados integrarían una red criminal que habría introducido dinero sucio al partido Perú Libre, fundado por Vladimir Cerrón.
LEER MÁS >>> Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón
Los fondos ingresados a la mencionada agrupación política provendrían de actos de corrupción.
De acuerdo con el Ministerio Público, el partido político con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia fue utilizado como una fachada para el presunto lavado de dinero proveniente de casos como Los Dinámicos del Centro o La Gran Familia.
Según las investigaciones fiscales, la red criminal conocida como Los Dinámicos del Centro utilizó cargos públicos en el Gobierno Regional de Junín para delinquir y financiar las actividades de Perú Libre.
La citada red tendría como antecedente al Caso La Gran Familia, que también involucraría a funcionarios del citado gobierno regional y militantes de Perú Libre.
Cerrón fue gobernador regional de Junín del 2011 al 2014, y volvió a asumir el cargo en el 2019, pero en agosto de ese año el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín lo condenó por corrupción en la modalidad de negociación incompatible.
El juzgado le impuso cuatro años de prisión suspendida, inhabilitación por un año y una reparación civil de S/850 mil.
