El Ejecutivo aprobó un presupuesto de S/291 600 para financiar la defensa legal del expresidente Ollanta Humala Tasso en el proceso penal que enfrenta por el caso Gasoducto Sur Peruano.
El Despacho Presidencial convocó un proceso de contratación directa para contratar los servicios de asesoría y defensa jurídica del exmandatario, investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
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Defensa financiada por el Estado
Según documentación obtenida por RPP Noticias, el servicio contratado incluye la defensa técnica durante la etapa intermedia del proceso judicial, patrocinio legal, asesoramiento integral, revisión de antecedentes, gestión procesal y acompañamiento en diligencias y audiencias ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
El contrato se formalizó un día después de que el Gobierno emitiera un decreto de urgencia que busca reforzar la austeridad y eficiencia del gasto público.
Fundamento legal del pedido
El propio Humala presentó su solicitud el 11 de agosto, amparándose en la normativa que autoriza al Estado a cubrir la defensa legal de funcionarios y exfuncionarios por actos realizados durante el ejercicio de sus funciones.
La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial recomendó aprobar el pedido, tras determinar que los hechos imputados están vinculados con su gestión como presidente de la República.
