El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó el Plan Nacional de Deshacinamiento que atiende el problema público de la sobrepoblación penitenciaria mediante un nuevo enfoque que integra la gestión eficiente de egresos y el reimpulso de la construcción de penales.
“Este Plan de Deshacinamiento no va a poner, en ningún caso, en peligro a la ciudadanía, no vamos a liberar a delincuentes peligrosos. Este plan se ha elaborado con el objetivo de analizar los egresos potenciales que pueden darse en los penales en mérito a la gravedad de los delitos. Estamos planteando que se tomen en cuenta la aplicación de beneficios penitenciarios, de expulsión o traslado de ciudadanos extranjeros y también de conmutaciones de pena, gracias presidenciales. Todo eso es parte del plan, está integrado”, explicó el titular del sector Justicia.
El ministro Jiménez expresó que esta iniciativa apuesta por un egreso técnico y focalizado, por lo cual de acuerdo a un primer análisis, cerca de 24 739 internos podrían ser susceptibles de acogerse al plan, previa evaluación del INPE y del Poder Judicial. En ese sentido, se aplicará una estrategia coordinada que considera los beneficios penitenciarios, conversión de penas, redención por trabajo, conmutaciones de pena, traslados, entre otros procedimientos.
Como parte del Plan Nacional de Deshacinamiento, el ministro anunció que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se convocará a 500 personas para que se incorporen como agentes penitenciarios y en asistencia técnico – legal. De esta manera, se generarán las condiciones para que exista más orden y control en los penales.
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En la primera fase del Plan, el INPE presentará un primer lote de 5000 expedientes al Poder Judicial a fin de establecer una coordinación y para generar el próximo egreso de internos por delitos de menor peligrosidad. Como parte de esta iniciativa, el equipo técnico ha identificado fallas administrativas (expedientes incompletos, procesos manuales y lentos y falta de registros actualizados) así como judiciales (demoras en audiencias, falta de envío de sentencias e incumplimiento de plazos).
La estrategia operativa de esta nueva iniciativa se ejecutará en 5 fases durante los años 2026 y 2028. En los siguientes meses se aplicará la fase dos que considera casos complejos donde se determine la semilibertad o libertad condicional, la fase tres que considera un importante grupo de ciudadanos extranjeros, así como la vigilancia electrónica, y las fases 4 y 5 que abarca la digitalización y la institucionalización de este modelo.
En cuanto a infraestructura, el plan considera el reimpulso de la construcción de infraestructura penitenciaria que proyecta 3202 unidades de albergue con la finalización de los establecimientos de Abancay, Iquitos, Arequipa y Pucallpa.
