La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 132.3 millones contra el Estado, a raíz de irregularidades en la atención de la pandemia del COVID-19, durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.
Además, encontró que 1,183 funcionarios y servidores públicos tienen presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en estos diversos hechos irregulares durante la emergencia sanitaria.
Durante su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Desastres del Congreso, el contralor general Nelson Shack indicó que entre los años 2020 y 2021 se han emitido 15,451 informes de control a la emergencia sanitaria, de los cuales 15,060 corresponden a informes de control simultáneo y 386 son de control posterior, con los cuales se pueden identificar hechos de irregularidad, así como a sus responsables.
“Con el control simultáneo advertimos sobre hechos y situaciones adversas que si no se corrigen oportunamente pueden afectar seriamente la prestación del servicio, el cumplimiento de los objetivos de la intervención pública, generar perjuicios económicos o se pudieron cometer delitos”, apuntó.
Subrayó que los servicios de control posterior realizados en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 han detectado un perjuicio económico contra el Estado valorizado en S/ 132 311 360.87.
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También se detectó presunta responsabilidad en 1,183 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 1,147 tienen responsabilidad administrativa, 397 tienen responsabilidad civil y 446 tienen responsabilidad penal.
En total, la Contraloría detectó 2,293 responsabilidades en hechos irregulares en los informes de Auditoría de Cumplimiento y Servicios de Control Específico (ambas son modalidades de control posterior), de los cuales 1,360 son de índole administrativa, 406 son de índole civil y 527 son de índole penal.
En materia de control simultáneo, Shack indicó que estos informes permitieron detectar más de 26,800 situaciones adversas que fueron alertadas a las entidades públicas para subsanarlas, pero en un tercio de ellas (8,960) no se han adoptado acciones para mitigarlas dentro del plazo de tres meses de haber sido comunicadas.
