La Contraloría General de la República (CGR) identificó presunta responsabilidad civil y administrativa de funcionarios, exfuncionarios y servidores de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, por presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico del proyecto de mejoramiento de la carretera que une el óvalo Turicarami, en Sullana, con el centro poblado de Jíbito, en el distrito de Miguel Checa. Las observaciones habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 1 845 823 al Estado.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 020-2026-2-5349-AC, la entidad suscribió en septiembre de 2022 un contrato por S/ 733 270 para la elaboración del expediente técnico. Sin embargo, la Contraloría advirtió que no se verificó adecuadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal clave del consorcio consultor. Además, la documentación presentada contenía información inexacta, situación que favoreció al adjudicatario y comprometió la calidad del expediente técnico.
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El órgano de control también detectó que la entidad otorgó conformidad a informes que presentaban información incompleta en estudios esenciales, como tránsito y transporte, mecánica de suelos y topografía. Estas deficiencias obligaron a realizar constantes modificaciones al expediente técnico y, posteriormente, derivaron en la resolución del contrato de ejecución de la obra. Como consecuencia, los pagos efectuados por dichos informes y la devolución de la garantía de fiel cumplimiento generaron un perjuicio económico de S/ 659 943.
Asimismo, la Contraloría evidenció que la actualización del expediente técnico fue aprobada sin advertir una sobrevaloración en los precios de equipos como un martillo hidráulico para minicargador y un aplicador de curador. Esta situación ocasionó un perjuicio adicional de S/ 1 185 880 durante la ejecución de las partidas relacionadas con dichos equipos.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil de cuatro personas, entre ellas un funcionario, dos exfuncionarios y una servidora, por lo que recomendó a la Procuraduría Pública de la entidad iniciar las acciones legales correspondientes. Además, solicitó al Órgano Instructor procesar a siete personas que tendrían presunta responsabilidad administrativa funcional, en el marco de las facultades sancionadoras del organismo de control.
