Las ex alcaldesa de Piura y Castilla, y varias autoridades ediles, en ejercicio todavía, tienen cuentas pendientes con la justicia. Las primeras esperan la audiencia de control, tras la acusación emitida por la Fiscalía. En tanto, hay casos que ya están a nivel de juicio oral, como el del burgomaestre de Frías.
Después de más de 14 meses de dar por concluida la investigación preparatoria, el fiscal Anticorrupción de Piura, Wilson Aliaga, emitió requerimiento acusatorio en el que pidió penas superiores a los 15 años de cárcel para la ex alcaldesa Ruby Rodríguez y más de una decena de funcionarios de su gestión, a parte de representantes de contratistas.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público tipificó el presunto delito de colusión por supuestas irregularidades en cinco procesos de selección que fueron convocados por la Municipalidad de Piura en la gestión 2011 – 2014, y también por el presunto delito de falsificación de documentos.
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Los hechos están relacionados con la contratación de cuatro obras públicas: de la avenida Bolognesi, los asentamientos Nueva Esperanza, Manuel Seoane Corrales y 11 de Abril; así como al servicio público de rehabilitación de la avenida Mártires de Uchuraccay.
Al considerarse que existe un concurso real de delitos se suman las penas para los acusados que se encuentren inmersos en varios procesos de selección que son materia de acusación.
El fiscal señala que el Comité Especial adjudicó la buena pro de la “Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el A.H. Nueva Esperanza, sector 10” al Consorcio Nueva Esperanza, que fue el único postor que se presentó, a pesar de que en su propuesta técnica presentó documentos falsos.
Entre estos, la Declaración Jurada de Compromiso a favor de la empresa Romero & Constructora SAC, constituida en Chimbote-, atribuida a Wilo Vargas Morales, quien habría manifestado que nunca brindó servicios de arqueología.
También la Declaración Jurada de Compromiso de residente de obra, suscrita supuestamente por Jorge Alberto Zora Carbajal, quien nunca habría laborado en dicho cargo para el Consorcio Nueva Esperanza.
No obstante, la ex alcaldesa Ruby Rodríguez, a pesar de tener la facultad de declarar la nulidad del concurso por esas causales, no lo hizo.
A parte, se ha determinado que si bien el Consorcio Nueva Esperanza acreditó a Jorge Zora Carbajal como ingeniero residente, éste nunca participó en la ejecución de la obra, sino que fue el sobrino de la entonces alcaldesa, Jim Alexis Romero Rodríguez, quien realizó esa labor, según consigna el fiscal en su requerimiento.
Romero Rodríguez estaba la mayoría del tiempo en la obra, se presentaba como ingeniero residente ante los moradores e incluso los reunía para dar informes acerca de cómo iba a realizar los trabajos, qué trabajadores iban a ingresar, entre otros aspectos.
Asimismo, era quien pagaba a los trabajadores y recibía material, además siempre estaba acompañado del representante del consorcio.
Ruby Rodríguez habría tenido pleno conocimiento de esta situación, al punto que en una ocasión en que llegó a la obra, fue recibida por su sobrino Jim Alexis Romero.
Al decir del fiscal, “esto evidencia el claro interés que tenía Ruby Rodríguez de Aguilar en adjudicar la buena pro a Consorcio Nueva Esperanza y que éste ejecute la obra y pueda obtener la mayor rentabilidad en la obra, mediante el otorgamiento de un presupuesto adicional y mediante la ejecución de la obra, sin cumplir las especificaciones técnicas”.
La ex alcaldesa, Ruby Rodríguez, dijo que no se le había notificado del pronunciamiento fiscal.
Refirió que se le ha requerido por su declaración y “he ido varias veces a la fiscalía. Pero, no me han notificado ninguna disposición fiscal, con pedido de pena”.
Aseguró que en los procesos de selección en cuestión “pueden haber cometido algún error técnico, pero delito no, de ninguna manera. Tampoco de sus parientes, como su sobrino”, dijo. “Mis familiares están bien lejos… No. Nada de eso”, expresó.
“Yo siempre digo, pueden haber habido errores, todo el mundo comete errores, a veces en la parte técnica, pero delitos no. Siempre he dicho que mi vida es transparente”, sostuvo.
Resaltó que para la parte técnica hay supervisores y que para eso hay comités de recepción de obra de los que todos sus miembros son ingenieros o profesionales.
Consideró que sí va a salir bien librada de esta investigación porque “de mi parte no hay ningún delito que haya cometido”.
Y respecto del caso concreto de la avenida Bolognesi, recordó que “hay otra investigación, en que la Fiscalía pidió sanción para varios de los funcionarios y debe estar en el juzgado aún”.
Fuente: Correo