La Contraloría General detectó que funcionarios del Ministerio del Interior favorecieron a un postor al cual adjudicaron la buena pro del proceso realizado en el 2020 para la compra de 2404 cascos de seguridad destinados a policías del servicio de patrullaje motorizado a nivel nacional, por un valor de S/ 3 997 000, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas exigidas, identificándose además que no contaba con la representación de la firma que ofrecía los productos, entre otras situaciones, que afectaron la oportuna adquisición para atender dicha necesidad y se puso en riesgo la seguridad del personal policial.
Por este hecho identificado, el Informe de Control Específico N° 019-2022-2-0282-SCE determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de tres (3) funcionarios, dos (2) integrantes del Comité de Selección y uno (1) de la Oficina de Abastecimientos que participaron de la adjudicación simplificada efectuada en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana de 17 departamentos”, durante el periodo del 14 de octubre de 2019 al 31 de julio de 2020.
Se evidenció que la oferta del postor incumplía con el requisito de presentación obligatoria del documento que acreditaba la representación de quien la firmaba como su representante, subsanando dicho documento con un certificado de vigencia de poder emitido en la fecha establecida para la presentación de ofertas, contraviniendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
De igual forma, los integrantes del comité de selección aprobaron por mayoría de votos la oferta de casco de seguridad aun cuando el producto no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases, relacionada específicamente a la característica de “correa de nuca desmontable”.
Cabe señalar que sobre este aspecto hubo el voto discrepante de un integrante del comité de selección, perteneciente al área usuaria y con conocimiento técnico del objeto de la contratación, quien manifestó su desacuerdo porque el producto ofrecido por el postor no se ajustaba a las bases de la adjudicación simplificada y las características técnicas solicitadas.
Además de no verificar los documentos de presentación obligatoria tampoco determinaron si las ofertas recibidas respondían a las características y/o requisitos funcionales solicitadas.
A estas situaciones, se suma que antes de que se otorgara la adjudicación, el comité de selección recibió una comunicación escrita, con el logo de la empresa de cascos ofertados, en la que se advertía que solo comercializaban sus productos a través de distribuidores autorizados, no siendo dicho postor su distribuidor en el país; información que alertaba sobre la imposibilidad de que el postor entregue los bienes, pero que, sin embargo, no fue diligenciada para su corroboración.
Pese a estas situaciones, el comité de selección otorgó la buena pro al postor, el mismo que siete días después de la firma del contrato, comunicó que no podía entregar la muestra del producto porque la empresa internacional le negó los cascos al no ser su representante oficial en el Perú.
En enero de 2020, a ocho días del vencimiento de 76 días para la entrega de los cascos de seguridad, el postor solicitó la resolución alegando causal de fuerza mayor lo que conllevó a que se concluya por incumplimiento injustificado. Esta situación obligó a que finalmente, en octubre de 2020, se otorgue la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar.
Otra situación identificada es que el director de la Oficina de Abastecimientos derivó el procedimiento de selección concluido a profesionales sin vínculo laboral con la entidad, que no alertaron sobre el riesgo de suscribir un contrato con un postor que no era representante de la firma vendedora de cascos, hecho que posibilitó se suscriba el contrato.
La Contraloría General recomendó al titular del Ministerio del Interior para adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones penales contra los presuntos responsables.
