El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría un dictamen que modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688 con el propósito de reforzar la lucha contra la criminalidad organizada dentro de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país.
La propuesta legislativa obtuvo 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención en primera votación. Posteriormente, el Parlamento aprobó por unanimidad la exoneración de la segunda votación con 92 votos a favor. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y diversos congresistas de distintas bancadas.
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Entre los principales cambios aprobados se encuentran nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de teléfonos celulares, equipos de comunicación, cámaras fotográficas o de filmación a los penales. Las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, especialmente cuando los responsables sean autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos.
La norma también castiga la posesión indebida de celulares, armas, municiones, explosivos y otros objetos peligrosos dentro de los establecimientos penitenciarios. Asimismo, se establecen agravantes cuando estos equipos sean utilizados para coordinar delitos como extorsión, sicariato o amenazas vinculadas al crimen organizado.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es el fortalecimiento del control estatal sobre las telecomunicaciones en los penales. En ese sentido, el INPE, en coordinación con la Policía Nacional, implementará acciones para detectar y neutralizar señales ilegales, además de ejecutar operativos especiales previa autorización del Ministerio Público en casos relacionados con delitos graves.
