La presidenta Dina Boluarte promulgó una ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La norma fue anunciada en una ceremonia en Palacio de Gobierno, con la presencia de ministros y autoridades.
La amnistía se aplicará únicamente a quienes no tengan una sentencia firme con calidad de cosa juzgada, pero que actualmente estén denunciados, investigados o procesados por hechos ocurridos en ese periodo. Quedan excluidos quienes ya cuenten con una condena definitiva.
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El objetivo del Ejecutivo, según se indicó, es reconocer el papel de quienes combatieron el terrorismo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos advierten que la medida podría favorecer la impunidad en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
Defensores de la ley sostienen que muchos militares y policías fueron procesados por acciones realizadas en cumplimiento de órdenes superiores, en un contexto de emergencia nacional. Para ellos, la norma busca corregir situaciones que consideran injustas.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 7549/2023-CR, fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el 9 de julio, en segunda votación, con 16 votos a favor y 11 en contra. Desde entonces, sectores castrenses y policiales habían solicitado su pronta promulgación.
Especialistas prevén que la ley podría ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional por su presunta incompatibilidad con tratados internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, se espera que organismos internacionales vigilen su aplicación, mientras los beneficiarios deberán demostrar que cumplen con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.
