A partir de las elecciones generales de 2026, los candidatos a cargos de elección popular ya no estarán obligados a presentar una Declaración Jurada de Intereses (DJI) antes de postular. Esta modificación responde a la Ley 32058, aprobada por el Congreso en junio de 2024, que excluye a los postulantes del requisito que anteriormente era obligatorio según la Ley 31227.
La DJI permitía identificar posibles conflictos de interés antes de que los aspirantes accedieran a un cargo público. Hasta hace poco, su presentación era obligatoria tanto para funcionarios como para candidatos, bajo supervisión de la Contraloría General de la República. Esta medida buscaba reforzar la transparencia y prevenir vínculos indebidos entre lo público y lo privado.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva ley, los ciudadanos ya no tendrán acceso a información sobre las relaciones económicas, laborales o familiares de los aspirantes a cargos públicos. La Ley 32058 también modificó artículos clave de la Ley Orgánica de Elecciones y de la Ley de Organizaciones Políticas, eliminando el control preventivo aplicado a los postulantes.
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En cumplimiento de esta nueva disposición legal, la Contraloría aprobó la Resolución N.° 295-2025-CG, mediante la cual retiró del reglamento todos los artículos, formatos y anexos vinculados a la presentación de DJI por parte de candidatos. El documento fue publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de julio de 2025.
Fuentes de la Contraloría explicaron que la institución está legalmente obligada a adaptar sus reglamentos conforme al marco normativo aprobado por el Congreso. “No podemos observar una ley ni negarnos a cumplirla”, señalaron. Además, advirtieron que el proceso electoral de 2026 podría desarrollarse sin lineamientos claros de transparencia para los aspirantes.
