La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a la exfiscal provincial Flor de María Maita Luna, quien permaneció prófuga de la justicia durante más de dos décadas. La abogada es acusada de integrar la organización criminal que habrían liderado el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos, con el fin de controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La acusación fiscal
Según la Fiscalía Suprema, Maita Luna, en su condición de fiscal superior provisional de tráfico ilícito de drogas, recibía pagos de S/ 2 500 mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a cambio de favorecer a la red fujimontesinista.
La fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas explicó que como pruebas existen:
- Un fax enviado por Maita al SIN, autenticado pericialmente, solicitando el pago pactado.
- La agenda personal de Montesinos, donde está escrito a puño y letra el nombre de la exfiscal.
- Testimonios de las exsecretarias de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce, y del exasesor legal del SIN Pedro Huertas Caballero, quienes confirmaron la entrega de dinero a fiscales.
- Declaraciones de choferes del SIN que afirmaron haber dejado sobres con dinero en el domicilio de Maita.
Por ello, se le imputan los delitos de organización criminal (antes asociación ilícita) y cohecho pasivo específico (soborno).
Una fuga de 23 años
En 2002, el Poder Judicial dictó un mandato de detención contra Maita Luna, y en 2003 fue declarada reo contumaz. Sin embargo, logró mantenerse en la clandestinidad hasta su captura este 2025.
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La fiscal Cárdenas pidió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria fijar un plazo de nueve meses de prisión preventiva, durante el cual se prevé iniciar el juicio oral.
La defensa y la versión de Maita
El abogado de la exfiscal, Pavel Alvarado, alegó que las modificaciones en los delitos imputados impiden sostener la detención y negó peligro de fuga u obstrucción.
Por su parte, Maita Luna negó haber evadido la justicia. Ante el juez Edhin Campos, reconoció que conocía la orden de detención, pero afirmó que ejerció su “derecho a la resistencia”. Dijo que su defensa había apelado la decisión en 2002 y que le comunicaron un fallo favorable, aunque nunca recibió notificación oficial.
“En mi entender, nadie me buscaba en mi casa ni nada, entonces dije: ‘Ah no, seguro efectivamente habrá variado a comparecencia’”, declaró.
Lo que sigue
El Poder Judicial deberá resolver ahora el plazo de detención solicitado por la Fiscalía para dar inicio al juicio, en un caso que revive uno de los capítulos más oscuros de la relación entre el Ministerio Público y la red de corrupción del fujimontesinismo.
