El Juzgado Supremo de Investigación señaló que las órdenes de ubicación y captura contra el prófugo exjuez supremo, César Hinostroza, por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y negociación incompatible, se encuentran vigentes tras disponer, en abril último, que sean renovadas mediante oficio cursado a la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, precisó que aún pesan sobre el destituido magistrado 36 meses de prisión preventiva.
Esta explicación se da luego de que el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, pidiera al Poder Judicial corregir la orden de captura contra el involucrado en el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’, debido a que en el sistema de Interpol figuraba como perseguido político y no como imputado por los delitos antes mencionados.
Como se sabe, el pasado 18 de agosto del 2022, Hinostroza Pariachi interpuso un recurso para que se desactive por nueve meses la alerta roja internacional en contra suya.
En ese sentido, la Procuraduría Anticorrupción solicitó a Interpol Perú que continúe con el pedido para que se active nuevamente dicha alerta. Ello debido a que se encuentra prófugo de la justicia desde el 7 de octubre de 2018, fecha en que viajó a España, en el marco de las investigaciones por el caso Los cuellos blancos del puerto.
Javier Pacheco, procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción, indicó que el plazo de nueve meses concedido al recurso interpuesto por el exjuez supremo ya se encuentra vencido, pues se presentó el 18 de agosto de 2022. Por tanto, desde mayo de este año ya podría entrar en vigencia otra vez.
Dentro de los argumentos para presentar el referido recurso, César Hinostroza aseguró ser víctima de una persecución política. En consecuencia, quedó liberado para moverse dentro del área Schengen. No obstante, al encontrarse fuera del territorio español (presuntamente en Bélgica) quedaría en condición de ilegal.
La Procuraduría Anticorrupción había logrado que se aprueben dos pedidos de extradición contra Hinostroza desde españa. La primera, relacionada con el caso Los cuellos blancos del puerto; la segunda, con una presunta entrega de una coima a una trabajadora del área de Migraciones a fin de poder fugarse con mayor facilidad por la frontera ecuatoriana.
