Piura enfrenta un escenario complejo tras cinco años marcados por decisiones gubernamentales que, según diversos indicadores, no lograron revertir problemas estructurales en seguridad, pobreza, salud y educación. Entre 2019 y 2025, más de 105 mil piuranos ingresaron a condición de pobreza, mientras las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho, reflejando el impacto que pueden tener las políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo sobre el desarrollo regional.
Uno de los principales desafíos se observa en materia de seguridad ciudadana. Durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, los recursos destinados a programas vinculados a la reducción de delitos, el combate al tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal registraron disminuciones respecto a los niveles de 2019. En Piura, el presupuesto para estas intervenciones cayó 28 % al 2023 y aún se mantenía 12 % por debajo de los niveles prepandemia en 2026. Paralelamente, la región alcanzó una de las tasas de denuncias por extorsión más altas del país, ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional.
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En el ámbito social, aunque la pobreza monetaria en Piura se redujo de 31.9 % en 2024 a 28.1 % en 2025 gracias a la recuperación económica y al incremento del empleo formal, la cifra continúa siendo superior al 24.2 % registrado antes de la pandemia. Esto significa que más de 105 mil personas adicionales permanecen en situación de pobreza respecto a 2019. Asimismo, la pobreza extrema alcanzó el 3 %, superando el nivel regional observado hace seis años.
Los indicadores de educación y salud también muestran rezagos importantes. Los estudiantes piuranos continúan obteniendo resultados inferiores al promedio nacional en comprensión lectora y matemáticas, mientras que la anemia infantil afecta al 35.4 % de los niños de entre 6 y 35 meses, una cifra superior al 32.9 % reportado en 2019. Estos resultados evidencian que los esfuerzos implementados para mejorar la calidad educativa y reducir la desnutrición aún no generan los impactos esperados en la región.
A este panorama se suma la vulnerabilidad de Piura frente a fenómenos naturales. Más de 110 mil viviendas y cientos de establecimientos de salud permanecen expuestos a inundaciones, mientras que decenas de miles de hogares se encuentran en zonas de alto riesgo por movimientos en masa. Con la posibilidad de que el Fenómeno El Niño moderado se prolongue hasta el verano de 2027, especialistas advierten que las decisiones que adopte el próximo gobierno serán determinantes para fortalecer la prevención, impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.
