La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, por mayoría, el predictamen que plantea que la segunda legislatura inicie el 15 de febrero de este año y concluya el 15 de junio a fin de que exista el tiempo para aprobarse las reformas electorales y políticas con miras a las elecciones generales del 2024. Fueron 15 votos a favor y 9 en contra.
¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DEL PREDICTAMEN?
De acuerdo a la Comisión de Constitución, la crisis política requiere que se realicen diversas reformas constitucionales mínimas que permitan una mejor convivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a fin de “se eviten situaciones que puedan agudizar la crisis” que se ha vivido durante los últimos años.
“La modificación propuesta al Reglamento del Congreso de la República no supone ni implica un desdoblamiento de ninguna de las legislaturas ordinarias previstas reglamentariamente, sino una modificación que únicamente incide en un adelanto (razonable y, como se dijo, justificado por la coyuntura social) del inicio de la segunda legislatura”, se alega.
En esa línea, se precisa que la propuesta difiere de lo analizado por el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 11 de noviembre de 2021, sobre la pretensión del desdoblamiento de una tercera legislatura y crear una cuarta, de reducida duración y sin una pausa temporal entre ambas legislaturas.
“En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional señaló que la razón de la dación de la Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, que aprobaba una cuarta legislatura, era únicamente habilitar la posibilidad de aprobar reformas parciales de la Constitución, que requieren el voto de dos legislaturas sucesivas; no obstante, en el presente caso no se trata de desdoblamiento o creación de legislaturas adicionales, por lo que no opera dicho supuesto, pues tan solo se modifica el inicio de la segunda legislatura”, se explica.
Asimismo, se indica que, a mayor abundamiento, la finalidad de la modificación propuesta está justificada y es necesaria de cara a la coyuntura social actual vigente, tratándose de una decisión plenamente acorde a los fines constitucionales.
