La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura ratificó la medida de prisión preventiva por 18 meses contra el alcalde del distrito de La Unión, Percy Yamunaqué Chero, quien actualmente se encuentra como no habido, junto con otros implicados en el escándalo de corrupción relacionado al dren Canizal Chico. La decisión de la sala también afecta a otros funcionarios presuntamente involucrados en el delito de peculado doloso agravado en perjuicio de la Municipalidad Distrital de La Unión.
La resolución fue emitida por la sala, conformada por los jueces Andrés Villalta Pulache, Daiana Serván Sócola y Cristhian Barrantes Díaz, quienes coincidieron con lo dispuesto en primera instancia. La decisión refuerza la línea del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, que ya había determinado la viabilidad de la prisión preventiva para los procesados, a petición del Ministerio Público.
En la parte resolutiva del documento se especifica: «Confirmar la resolución 8 del 27 de setiembre del 2024, expedida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura especializada en Corrupción de Funcionarios, que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra Percy Leonel Yamunaqué Chero y Miller Amaro Peña Tuse, en calidad de autores; y contra Juan Kilder Pazo Álvarez en calidad de cómplice primario, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado en agravio del Estado, Municipalidad Distrital de La Unión, por el plazo de 18 meses.»
La sala también ordenó la inmediata emisión de órdenes de ubicación y captura para los acusados. Esta medida busca garantizar su comparecencia y evitar posibles interferencias en el proceso de investigación que sigue abierto por el presunto uso indebido de fondos públicos.
El caso del dren Canizal Chico ha generado gran interés en la región, especialmente en el distrito de La Unión, donde la ciudadanía exige transparencia y medidas efectivas contra la corrupción en la administración pública. La confirmación de esta medida cautelar es un paso significativo en la lucha contra la corrupción en la región de Piura y sienta un precedente para futuras investigaciones de delitos similares.
