El Congreso de la República aprobó en primera votación la ampliación del Reinfo hasta 2026, una decisión que especialistas y el Ejecutivo califican de riesgosa por su impacto en el avance de la minería ilegal y en la débil fiscalización estatal. La medida fue aprobada en medio de críticas por presuntamente favorecer no solo a la pequeña minería y minería artesanal, sino también a redes ilegales dedicadas a actividades extractivas sin control.
Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, el Pleno respaldó el texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293 y extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma señala que el proceso de formalización se mantendrá vigente hasta esa fecha o hasta que se apruebe la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
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Desde el Ejecutivo se había planteado un plazo más corto y condiciones más estrictas, señalando que mantener abierta la inscripción al Reinfo por un periodo tan prolongado facilita que actores ilegales se refugien en este registro para evitar intervenciones o procesos de fiscalización. La advertencia fue respaldada por especialistas que consideran que el enfoque aprobado no garantiza un control efectivo del sector.
Expertos constitucionalistas también señalaron que la fórmula podría ser inconstitucional, pues limita la capacidad del Estado para supervisar y sancionar actividades mineras informales que causan daños ambientales y sociales. La discusión continuará cuando el Congreso someta la propuesta a una segunda votación, en medio de un creciente debate sobre el impacto real de esta ampliación.
