La Contraloría identificó presuntos hechos irregulares en la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura al advertir que servidores percibieron simultáneamente ingresos provenientes de otras vinculaciones contractuales financiadas con recursos públicos, sin encontrarse dentro de las excepciones permitidas por la ley para la doble percepción de ingresos del Estado. El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 009-2026-2-4529-AOP señala que esta situación compromete la legitimidad del gasto público y el correcto funcionamiento de la administración, durante la gestión del director general Joe Christopher Olivares López.
El informe también determinó que entre febrero y abril de 2025 los funcionarios José Pascual Nizama Elías, Israel Igdalias Ramón Pongo, Karla Ramírez San Martín y Jessica Cecilia Saavedra Valladolid, contratados bajo el régimen CAS, percibieron remuneraciones y beneficios económicos correspondientes al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276 antes de que dicho cambio fuera formalizado mediante resoluciones ejecutivas regionales emitidas el 21 de abril de 2025. El expresidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, señaló que “han hecho de la Diresa Piura una institución oficialmente corrupta”, escribió en sus redes sociales.
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Asimismo, la comisión de control verificó que la Diresa Piura designó a Diego Gianfranco Antón Tocto, Catia Camús Dávila, Sandy del Rosario Córdova Navarro, Diana Karolina Márquez Martínez y Pablo Siesquén Sandoval en cargos de dirección y confianza que no estaban previstos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) ni en el Manual de Organización y Funciones (MOF), pese a que la Oficina de Asesoría Jurídica había advertido previamente que dichas plazas no existían en la estructura organizacional vigente.
La Contraloría también observó que Diego Gianfranco Antón Tocto y Sandy del Rosario Córdova Navarro participaron en la validación de los requisitos exigidos para acceder a los cargos que posteriormente ocuparon, interviniendo en la evaluación de sus propios perfiles. Para el órgano de control, esta actuación compromete los principios de objetividad e imparcialidad que deben regir el acceso a la función pública.
Durante las actuaciones de control, la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos sostuvo que las variaciones remunerativas respondieron a decisiones adoptadas por funcionarios de la Alta Dirección. Sin embargo, la Contraloría concluyó que la entidad no acreditó sustento técnico, administrativo ni legal que justificara la aplicación de un régimen remunerativo distinto al vínculo contractual vigente ni las designaciones efectuadas en cargos no contemplados en los instrumentos de gestión institucional.
Mediante el Oficio N.° 000331-2026-CG/OC4529, el Órgano de Control Institucional notificó el informe al director general Joe Christopher Olivares López, requiriéndole adoptar acciones inmediatas y remitir un plan para implementar las recomendaciones formuladas. La Contraloría informó que evaluará el inicio de un servicio de control específico para determinar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de los hechos identificados.
