La Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, a cargo de la fiscal provincial Sara Ruth Yarlequé Adrianzén, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y diez meses de pena privativa de la libertad contra el ciudadano venezolano Edwin A. Mendoza L. (20), como autor del delito de desobediencia a la autoridad, convirtiéndose en la primera condena obtenida en Piura derivada de la intervención a participantes en piques ilegales.
La sentencia fue obtenida por la fiscal adjunta provincial Valery Pérez Yamuca, quien acreditó la responsabilidad del acusado con los elementos de convicción recabados tras su intervención en flagrancia el pasado 19 de julio. Además de la pena impuesta, el sentenciado deberá pagar 500 soles por concepto de reparación civil, quedando registrado un antecedente penal como consecuencia de la condena.
Este fallo constituye un importante precedente en la respuesta del sistema de justicia frente a este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida y la seguridad de la población.
De acuerdo con la investigación, el condenado participaba junto a cerca de veinte motociclistas en la realización de piques ilegales y maniobras temerarias en la avenida Grau, frente al camposanto Jardines Celestiales, efectuando desplazamientos a excesiva velocidad y los denominados “caballitos”, con grave riesgo para peatones, conductores y familias que transitaban por la zona.
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Al advertir la presencia policial, los motociclistas emprendieron la fuga. El sentenciado desobedeció en todo momento las órdenes de detenerse, dando lugar a una intensa persecución de más de diez minutos y aproximadamente un kilómetro de recorrido, con apoyo del personal de Serenazgo.
Durante su huida invadió calles y veredas, continuó realizando maniobras temerarias y puso en peligro a transeúntes, entre ellos niños, hasta ser finalmente interceptado en la avenida Auxiliar Sánchez Cerro, a la altura del ex peaje a Sullana.
Con este resultado, el Ministerio Público se mantiene firme en su rol persecutor del delito, que busca sancionar las conductas que desafían la autoridad y generan grave riesgo para la seguridad ciudadana.
