A dos años del desborde del Río Piura, la realidad en las familias damnificadas ubicadas en la Panamericana Norte no ha cambiado, y la reconstrucción con cambios sigue siendo una deuda del gobierno.
Redacción
[email protected]
Es así que el presidente del albergue San Pablo, Cristóbal Timaná, refirió que aún no cuentan con vías de acceso habilitadas, pese al pedido ante el gobierno regional, quienes señalan que existe maquinaria pero no combustible para los trabajos.
Hasta el lugar llegó el congresista Hernando Cevallos Flores, quien constató la situación in situ de los pobladores de Ciudad de Dios, así como del albergue San Pablo, quienes expresaron la urgente necesidad de vivienda y servicios básicos.
| LEER MÁS >>> Nelson Chui: institución desconcentra recursos para la reconstrucción
Al respecto el parlamentario se comprometió en gestionar en conjunto con los dirigentes, la cantidad de combustible necesario ante el gobierno regional o local, para que inicien con los trabajos de habilitación.
Además, visitó el centro poblado Ciudad de Dios, donde los moradores mostraron su rechazo al convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Municipalidad de Cura Mori con la empresa Keheda Sac.
Ya que según, denunció el morador, Sebastián Ramos, este convenio le otorga todas las facultades del terreno a la empresa. Por lo que no pueden realizar gestiones de construcción de colegios ni proyectos de saneamiento.
“Se olvidaron que estos terrenos son propiedad de la Comunidad Campesina de San Juan Baustista de Catacaos, quienes han puesto una demanda de reivindicación de terrenos”, dijo el morador.
Frente a ello, Cevallos Flores, lamentó la inseguridad jurídica de los terrenos que ocupan estas familias así como la ausencia de módulos de viviendas y carencia de servicios de educación, lo cual se encuentra lejos de la anunciada reconstrucción con cambios.
«Vemos que no hay un proceso de reconstrucción realmente estructurado para que las familias tengan las condiciones que toda persona merece. Hay una dejadez por parte del gobierno nacional y autoridades regionales porque ya deberían vivir de una manera digna. Ellos no están exigiendo un favor sino que es su derecho. Por eso respaldaremos su pedido», sostuvo el congresista.