El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió un oficio al presidente de la República, Pedro Castillo, pidiéndole que renuncie al cargo ante los numerosos cuestionamientos que han ido acumulándose a lo largo de su gestión, incluyendo la reciente inmovilización social obligatoria que duró un día y que considera que fue inconstitucional.
En el documento enviado este sábado 9 de abril, el titular de la Defensoría del Pueblo asegura que hace este pedido como “supervisor de la adecuada prestación de servicios públicos y cumplimiento de los deberes de la administración estatal”, además de ser garante de derechos fundamentales.
Ante las críticas y para salvaguardar los derechos fundamentales y la administración pública, Gutiérrez indica que “la Defensoría del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”.
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En su oficio, recuerda que su institución advirtió desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo en reiteradas ocasiones que se estaba incumpliendo con el mandato de cumplir con la Constitución y el orden jurídico.
Pese a esto, señala que hay un “grave y acelerado deterioro de la administración pública” así como retrocesos en políticas públicas y el nombramiento de ministros y otros altos funcionarios no idóneos.
Walter Gutiérrez también incluye la falta de transparencia debido a que Pedro Castillo todavía no ha hecho pública la lista de visitas que recibió fuera de Palacio de Gobierno tal y como ordenó el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Como último cuestionamiento, el defensor del Pueblo menciona la medida de inmovilidad social que se ordenó casi en la medianoche del 4 de abril para que se acate el 5 de ese mismo mes, acto que calificó como inconstitucional por instrumentalizar un estado de emergencia para “evitar atender un conflicto social”.
