La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento oficial tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ratifica que la edad mínima de imputabilidad penal en el Perú es de 18 años, exhortando a las instituciones responsables del sistema de justicia a adoptar acciones inmediatas para garantizar el pleno cumplimiento del fallo y asegurar una justicia especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal.
En su comunicado, la entidad defensorial subrayó que la sentencia del TC es de obligatorio cumplimiento y se encuentra alineada con la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Exhortaciones a las instituciones del sistema de justicia
La Defensoría del Pueblo formuló exhortaciones específicas a las principales entidades involucradas. Al Poder Judicial solicitó adoptar las acciones necesarias para que todos los procesos penales iniciados contra adolescentes de 16 y 17 años a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 32330 sean archivados y derivados a los jueces especializados de familia competentes. Estos casos deberán tramitarse conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y al Código de los Niños y Adolescentes, garantizando que los adolescentes sean juzgados y, de corresponder, sancionados exclusivamente dentro del sistema penal juvenil.
Al Ministerio Público exhortó a que los fiscales adecuen sus investigaciones al sistema penal juvenil, velando porque cualquier medida de coerción respete el interés superior del niño y del adolescente, así como las garantías del debido proceso.
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Asimismo, la entidad instó al Programa Nacional de Centros Juveniles a realizar la clasificación y asignación inmediata de los adolescentes internados de 16 y 17 años a los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación que correspondan.
En esa misma línea, pidió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) disponer el traslado inmediato de los adolescentes de 16 y 17 años que actualmente se encuentren en establecimientos penitenciarios de adultos hacia los centros juveniles especializados determinados por el Programa Nacional de Centros Juveniles.
Rol supervisor y reacciones
La Defensoría del Pueblo anunció que actuará como ente supervisor para asegurar que ningún adolescente de 16 y 17 años permanezca en el sistema penal de adultos, reafirmando así su compromiso con el Estado constitucional de derecho y con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, advirtió que el fallo del TC podría generar consecuencias negativas en materia de seguridad ciudadana. No obstante, remarcó que la institución policial respeta y acata las decisiones del máximo intérprete de la Constitución.
