El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que su agrupación continuará presentando recursos legales para cuestionar los resultados de la segunda vuelta electoral, lo que podría prolongar el proceso de proclamación oficial de su contendora, Keiko Fujimori.
En declaraciones a la prensa, Sánchez indicó que el equipo legal de su partido evalúa nuevas acciones relacionadas con el proceso electoral, especialmente respecto al voto emitido en el extranjero.
“Hay varias causas que los abogados están evaluando al respecto. Si bien es cierto el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado sobre la supuesta afectación a la intangibilidad de la normativa electoral, consideramos que no ha sustentado suficientemente las razones de su decisión. Nosotros vamos a insistir en ello”, manifestó.
No obstante, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya resolvió una apelación presentada por Juntos por el Perú y concluyó que la modificación de los lineamientos para el voto en el exterior no vulneró el principio de intangibilidad de las normas electorales, al tratarse de un protocolo operativo y no de un cambio en las reglas del proceso.
Sánchez sostuvo que la controversia radica en la modificación de procedimientos durante el desarrollo de la jornada electoral en las oficinas consulares.
“La afectación que nosotros hemos presentado al proceso electoral llevado adelante por las oficinas consulares tiene que ver con aspectos normativos. Jamás se debió haber cambiado las normas y el procedimiento. Esa es la evidencia para nosotros”, afirmó.
Denuncia penal
En paralelo, el personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas, presentó una denuncia penal ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por presuntos delitos electorales cometidos durante la segunda vuelta.
El documento sostiene que existió una supuesta operación para alterar los resultados electorales; sin embargo, no adjunta pruebas que respalden dicha afirmación. Entre los argumentos expuestos, la denuncia vincula un decreto supremo emitido en 2025, que actualizó las remuneraciones del servicio diplomático, con una presunta influencia sobre las autoridades encargadas del escrutinio del voto en el exterior.
Asimismo, cuestiona el relevo de embajadores durante el proceso electoral, al considerar que esta decisión dejó el material electoral bajo responsabilidad de funcionarios interinos. No obstante, el canciller Pareja aclaró que los diplomáticos cuyos nombramientos fueron dados por concluidos permanecen en sus cargos hasta que el próximo gobierno adopte una decisión sobre su situación administrativa.
La denuncia también pone en tela de juicio el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), utilizada durante la primera vuelta, al señalar supuestas vulnerabilidades informáticas y atribuirle un presunto impacto en la participación electoral, aunque no presenta evidencia que sustente dichas afirmaciones.
Otro de los cuestionamientos está dirigido a una resolución de la ONPE que, según el partido, flexibilizó los protocolos de escrutinio en el extranjero y restringió la labor de los personeros. Este argumento ya fue evaluado y rechazado por el Pleno del JNE.
Finalmente, el escrito incluye una acusación contra el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, a quien atribuye una supuesta presión sobre las instituciones democráticas para favorecer un determinado resultado electoral. La denuncia tampoco presenta pruebas que respalden esta afirmación.
