El Congreso evalúa el Proyecto de Ley N° 11037, que propone exigir antecedentes penales como requisito para la compra o alquiler de motocicletas.
La iniciativa fue presentada por el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, de Alianza Para el Progreso (APP), y plantea modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley N° 27181), incorporando los artículos 4-B y 4-C.
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Según el proyecto, los ciudadanos deberán presentar antecedentes penales, judiciales y policiales para adquirir, arrendar o transferir motos de categoría L, a fin de evitar su uso por personas con historial delictivo.
El objetivo de la propuesta es establecer mayores controles sobre vehículos menores motorizados, los cuales son frecuentemente utilizados para cometer actos delictivos en distintas regiones del país.
