Pese a que Perú ha experimentado un crecimiento económico constante desde la década de los 90, este progreso no ha generado mejoras estructurales en el bienestar. Mantienen grandes desigualdades en salud, educación y servicios fundamentales, especialmente en áreas vulnerables. De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), el principal impedimento no radica en la escasez de recursos, sino en la fragilidad del Estado.
De 1990 a 2023, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) tuvo un aumento del 27%, aunque el avance ha experimentado una ralentización desde 2018. Por ejemplo, en el sector de la salud, más del 93 % de los centros hospitalarios cuentan con una capacidad de instalación deficiente.
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La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) alerta que “el Estado no ha sido capaz de transformar el crecimiento en progreso sostenible ni cerrar las brechas sociales existentes”.
La escasa implementación del presupuesto en áreas fundamentales como la vivienda y el saneamiento, que no excedieron el 75% en 2024, resalta los obstáculos institucionales que restringen la acción pública. Además, la limitada legitimidad de las entidades estatales obstaculiza que el Estado pueda realizar una intervención eficaz en la vida de los ciudadanos.
La desconexión entre el sistema político y las demandas ciudadanas agrava esta crisis de gobernabilidad. “La falta de cohesión territorial y de instituciones confiables bloquea los cambios estructurales que el país necesita”, subraya ComexPerú.
