El gobierno de Donald Trump ha decidido suspender temporalmente el financiamiento a programas de lucha contra las drogas en Perú, como parte de un decreto que ordena reevaluar la ayuda exterior por 90 días. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, esta medida afecta los fondos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que tenían un monto pactado de 630 millones de dólares hasta el año 2030.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado de EE.UU., la decisión responde a la política de “justificar cada dólar gastado” en función de los intereses nacionales estadounidenses. Marco Rubio, secretario de Estado, destacó que los programas de ayuda deben cumplir con tres objetivos clave: fortalecer, proteger y beneficiar la prosperidad de Estados Unidos. Este enfoque busca priorizar los recursos hacia iniciativas que se consideren estratégicamente relevantes para la nación norteamericana.
Elmer Schialer reconoció que la suspensión podría impactar sectores importantes en Perú, como salud, educación y medio ambiente, aunque expresó su confianza en que la ayuda relacionada con la seguridad nacional no será interrumpida, dada su importancia estratégica para Estados Unidos. No obstante, el congelamiento ya ha comenzado a afectar los fondos destinados a combatir el narcotráfico y promover alternativas económicas para comunidades afectadas por cultivos ilícitos.
La cooperación entre Perú y Estados Unidos en la lucha contra las drogas tiene una larga historia. En 1981, ambas naciones firmaron un convenio bilateral centrado en la erradicación de cultivos de hoja de coca, la interdicción de drogas y el desarrollo alternativo. Este acuerdo fue clave en la reducción de las hectáreas de coca en el país entre 1995 y 2000, pasando de 115,000 a 34,000 hectáreas, según datos de la Cancillería.
Si bien informes recientes de USAID destacan logros positivos entre 2020 y 2025 en la provisión de alternativas para las comunidades rurales, la efectividad general de las estrategias sigue siendo debatida. La decisión de reevaluar el financiamiento plantea interrogantes sobre el futuro de estos esfuerzos conjuntos y la capacidad de Perú para mantener el combate contra el narcotráfico sin el apoyo de uno de sus principales aliados internacionales.
