Bruno Pacheco y Beder Camacho, dos exfuncionarios cercanos al expresidente Pedro Castillo, han sido inhabilitados para trabajar en el sector público durante los próximos cinco años. Esta medida no es parte de una sentencia judicial, sino una sanción emitida bajo la Ley del Servicio Civil. La decisión responde a faltas éticas y conductas impropias en sus respectivas gestiones dentro del gobierno.
Escándalos que marcaron la caída de Bruno Pacheco
Bruno Pacheco, quien se desempeñó como secretario general del Despacho Presidencial, fue una figura polémica desde su nombramiento. Su mandato se vio manchado por casos de presunta corrupción, como el escándalo de los ascensos irregulares en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el hecho más controvertido fue el hallazgo de 20.000 dólares escondidos en los baños de su oficina, un incidente que rápidamente atrajo la atención de la prensa y del Congreso. Su paso por el Gobierno duró apenas cuatro meses, ya que renunció en noviembre de 2021 debido a la presión pública.
A pesar de su salida, en noviembre de 2022 la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), bajo la dirección de Aníbal Torres, inició un proceso disciplinario contra Pacheco por violaciones al Código de Ética de la Función Pública. Las acusaciones se centraron en presiones indebidas al superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, a quien Pacheco intentó influenciar en beneficio de empresas privadas como Grupo Deltron S.A. y MQVC Corporation S.A.C..
Beder Camacho, un ascenso polémico
Beder Camacho, por su parte, trabajaba en Palacio de Gobierno desde la administración de Ollanta Humala, tras haber conseguido una plaza por concurso público. Sin embargo, no fue hasta el Gobierno de Pedro Castillo que ascendió a un puesto clave como subsecretario general de Palacio. Su relación con el exmandatario y las controversias surgidas durante su mandato también lo involucraron en investigaciones.
Sanciones ratificadas
El proceso disciplinario culminó en septiembre de 2023, cuando el premier Alberto Otárola firmó la resolución ministerial 201-2023-PCM que sancionaba a Pacheco con destitución por las faltas comprobadas. Pacheco intentó apelar la decisión ante el Tribunal del Servicio Civil, que finalmente ratificó la sanción en julio de este año. El tribunal concluyó que Pacheco había infringido los principios de probidad y utilizado su cargo para intentar obtener beneficios para terceros.
La destitución, según el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, implica una inhabilitación automática para ocupar cualquier cargo público durante cinco años. De esta manera, tanto Bruno Pacheco como Beder Camacho quedan fuera del aparato estatal por un quinquenio, marcando el fin de su carrera en el sector público durante este período.