La región Piura atraviesa un grave deterioro de la seguridad ciudadana, marcado por el repunte de extorsiones y la limitada capacidad operativa del Estado. La Cámara de Comercio de Piura advirtió que las denuncias por este delito aumentaron en 50 % respecto al año pasado, registrando 150 casos en el mismo periodo de evaluación, lo que afecta directamente a comercios y proyectos de inversión.
El presidente del gremio empresarial, Mateo Gómez, señaló que la región cuenta con solo 2 870 policías, lo que equivale a 133 agentes por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales. A ello se suma la precaria infraestructura de varias comisarías, donde incluso se carece de servicios básicos y conectividad estable para acceder a plataformas oficiales de verificación.
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Otro factor que agrava el panorama es el avance de las economías ilegales, especialmente la minería ilegal que se expande desde la zona fronteriza hacia áreas urbanas y agrícolas. Gómez cuestionó la ampliación del régimen de formalización minera porque —según indicó— favorece el encubrimiento de actividades ilícitas y debilita la institucionalidad regional, generando impactos directos en el empleo y en la continuidad de negocios formales.
El gremio empresarial llamó a las autoridades y al sector privado a impulsar una estrategia integral que enfrente la criminalidad y fortalezca las instituciones. Además, remarcó que la inversión privada y la estabilidad económica son claves para evitar un mayor deterioro social. “Más inversión formal significa más empleo y menos pobreza”, sostuvo Gómez al pedir acciones urgentes para recuperar la confianza en Piura.
