Ante la acusación en contra de Nelly Mesones Benítez, Jessica Esperanza Vargas Palacios y Godofredo Carrasco Huancas, por el presunto delito de peculado en la UGEL Chulucanas, el abogado defensor sostuvo que cobros se hicieron a base de una resolución firmada por el director de dicha entidad.
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Según dijo, Camilo Morante los cobros que se habrían hecho, desde el año 2005, se basa en la resolución administrativa que ordenaba el pago por canasta navideña, devengados, productividad y otros conceptos.
«Esos pagos se han programado por las áreas respectivas y efectivamente se ha procedido a cobrar, pero esto mediante la resolución aprobada por el director», sostuvo.
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Explicó que la acusación en contra de sus patrocinados se basarían en el hecho que supuestamente habrían cogido saldos que se debía revertir al Estado como cuestión de fondos y no habría una nomina especifica de los trabajadores y funcionarios para que puedan cobrar sus deudas, sin embargo sostuvo que estos cobros fueron por los saldos pendientes que quedan en la misma institución.
«Estos cobros no se hacían de los saldos que se tenía que rendir al Estado, sino saldos pendientes que quedan en la misma institución producto de la inasistencias, horas extras y otros conceptos», detalló.
En este proceso son 15 los trabajadores entre funcionarios y servidores públicos que se encuentran en investigación por estos presuntos cobros irregulares, ya que estos habría cobrado entre 15 mil soles cada uno.
Actualmente, los involucrados fueron suspendidos ante esta acusación, pero algunos han retornado a sus labores, pese a que el proceso de investigación continúa.
Nelly Mezones laboraba como tesorera de la UGEL, Godofredo Carrasco, jefe de personal y Jéssica Espinoza encargada del área de administración. El abogado pidió una clara investigación en este proceso,