La corrupción golpea fuertemente a los gobiernos regionales y pone en aprietos a quienes fueron elegidos por el voto popular. De 25 gobernadores, un total de 19 afrontan investigaciones por este delito durante la actual gestión, como es el caso del gobernador regional de Piura, Servando García. Cuatro de ellos no pueden ejercer el cargo porque tienen sentencia, están detenidos, con arresto domiciliario o prófugos de la justicia. Aquí un recuento:
En Piura, el gobernador regional, Servando García Correa, es investigado como presunto autor del delito de nombramiento ilegal de cargo público del ex gerente general, Jesús Torres Saravia, (con prisión preventiva) por el caso de las cartas fianza falsas por S/ 4 millones que pagó la entidad al consorcio MNDC para ejecutar la obra “Mejoramiento del centro de salud de Máncora”.
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El gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, es buscado por la policía por tener una sentencia a cuatro años de cárcel por el delito de colusión agravada. Según la justicia, en la obra del asentamiento humano Edmundo Romero de Zarumilla, valorizada en más de 2 millones de soles, se generó un perjuicio económico al estado de 11 mil soles debido a adendas aprobadas. El proceso data del 2011.
En Arequipa, tras más de un año de investigación reservada por parte de la Policía y Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se detuvo al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y 10 funcionarios de confianza y consejeros regionales por presuntamente integrar la organización criminal “Los hijos del cóndor”, involucrados en los presuntos delitos de colusión, peculado, cohecho activo, cohecho pasivo y otros.
En Lambayeque el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, se encuentra con arresto domiciliario, tras el fallo de la sala de apelaciones por la investigación de integrar una organización criminal dedicada a obtener coimas a través de obras públicas de la Municipalidad Distrital de La Victoria, durante la gestión 2015- 2018.
En Áncash, el gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, se encuentra detenido por la investigación por el presunto delito de colusión en la adquisición de bienes el hospital “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus (covid-19).
El médico Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios, afronta un pedido de prisión preventiva de 36 meses al estar investigado por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado peruano y el gobierno regional de Madre de Dios, al liderar la organización criminal ‘Los Hostiles III’ que favorecieron a un conglomerado chino de empresas madereras representado, entre otras personas, por el ciudadano chino Xiaodong Ji, con el propósito de tener los derechos forestales a cambio de beneficios.
El gobernador del Callao, Dante Mandriotti Castro, tiene impedimento de salida del país por dos años (desde enero del 2021) por investigación en caso el pedido que hizo Estrella Cama a Mandriotti para un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa «Pesquera Capricornio», cuyo representante legal es Giovanni Mandriotti Castro (hermano del gobernador regional del Callao) en un proceso que tenía con una compañía inmobiliaria, por estos hechos la autoridad regional es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
El gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, fue sentenciado por colusión simple a cuatro años de cárcel suspendida, a un año de asumir el cargo por una compra irregular de laptops hecha en su gestión anterior (2011-2014), para el proyecto “Mejoramiento de la Aplicación de Tecnología de Comunicación de las Instituciones Educativas Nivel Inicial, Primario y Secundario de la Región Huancavelica”. La sentencia fue apelada a segunda instancia y por un vicio procesal (es decir que un juez que vio en caso en primera instancia también en segunda instancia yo juzgó) fue anulada este año.
En Huánuco, un equipo especial integrado por los fiscales Virgilio Carrión Cabrera, Miguel Rojas Mayta y Laura Núñez Arquinio, se dedican a investigar de manera exclusiva las 18 denuncias por presuntos actos de corrupción contra el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, quien según la Policía integraría, junto a familiares y otros funcionarios, la presunta organización delictiva denominada “Los intocables de las obras”. Los hechos datan desde el 2019.
En Junín, el gobernador regional, Fernando Orihuela Rojas, también es investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por el resguardo policial irregular que recibió el exgobernador Vladimir Cerrón, y además contra la administración pública en la modalidad de colusión por los contratos del Gobierno Regional de Junín, Cusco y Huancavelica con empresas ligadas a familiares de Carlos Zárate por más de 25 millones de soles.
Asimismo, afrontan investigaciones por corrupción y otros delitos los gobernadores de Tacna, Apurímac, Puno, Pasco, Loreto, Cusco, Ucayali, Ayacucho y Amazonas.
