Se promulgó la Ley N° 32490, una norma especial destinada a enfrentar la extorsión y el sicariato que afectan al sector de transporte, uno de los más perjudicados por estos delitos y motivo de paros recientes de transportistas.
La ley, como medida principal, establece la capacitación obligatoria para los conductores, cobradores, gerentes y propietarios de empresas de transporte. Esto busca ofrecer instrumentos que permitan detectar y reportar actos extorsivos, fomentando de esta manera una cultura de denuncia segura.
Además, la regulación incluye procedimientos de supervisión de los flujos económicos relacionados con la extorsión y mecanismos de prevención financiera. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)) vigilará que las compañías supervisen los pagos en efectivo realizados bajo términos como “vacuna”, “aporte”, “cupos” o “seguridad”, así como en las operaciones en cuentas bancarias, giros, transferencias y billeteras digitales.
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La ley también crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), una fuerza nacional integrada por la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, cuyos miembros serán seleccionados por su experiencia, sometidos a pruebas de polígrafo y contarán con regímenes especiales de remuneración, seguridad y evaluación semestral. La coordinación del grupo estará a cargo del Ministerio del Interior.
Entre las medidas más relevantes, la ley establece:
- Fiscalías especializadas para investigar y sancionar casos de extorsión y sicariato en transporte público y de mercancías.
- Centros de comando y patrullaje focalizado con sistemas de vigilancia en tiempo real conectados al Sistema C5i.
- Apoyo económico a empresas afectadas, incluyendo créditos blandos, exoneraciones temporales, compensaciones por pérdidas de unidades o fallecimiento de trabajadores, y financiamiento para reparar infraestructura dañada.
