Los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) serían citados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso en aproximadamente dos semanas para que respondan por las denuncias que hay en su contra por infracciones a la Carta Magna en el ejercicio de sus funciones, según el parlamentario Jorge Montoya.
El vocero de la bancada de Renovación Popular explicó que su colega Esdras Medina (Unidad y Diálogo), quien es el ponente del proceso contra la JNJ, presentará un informe que explique detalladamente el caso ante la SAC. Así, se cumplirá con este punto que resulta clave para lo que será la siguiente etapa: requerir los descargos de los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry Villarán.
Además, descartó que la medida cautelar que el Poder Judicial dictó a favor de la JNJ, para evitar que sean destituidos, vaya influir en la investigación que harán en la SAC que recibió dicho encargo de la Comisión Permanente por un plazo de 15 días.
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El portavoz celeste adelantó que, si no hay contratiempos, el informe final de la SAC que recomiende la salida de la JNJ debería estar listo en diciembre para que sea votado, después pase a la Comisión Permanente y, finalmente, llegue al Pleno para su ratificación o archivamiento.
Cabe precisar que Montoya es uno de los promotores de las denuncias contra la JNJ. En mayo acusó a los integrantes de la entidad -que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en el Perú- de infringir los incisos de los artículos 156 y 139 de la Constitución Política del Perú al permitir que la permanencia de la magistrada Inés Tello.
Según el congresista, Tello no podía ser parte de la JNJ porque superó la edad de 75 años que es un requisito legal para ser miembro. Por ello, alega que los magistrados cometieron los presuntos delito de usurpación, abuso autoridad, nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y pidió que sean inhabilitados por diez años de la función pública.
