Martín Vizcarra seguirá siendo investigado por su gestión de expresidente luego de que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobara el informe final que recomienda una acusación constitucional en su contra debido a las presuntas compras irregulares durante la pandemia de la COVID-19.
Asimismo, el grupo de trabajo, liderado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), aprobó con 13 votos a favor y una abstención el documento para denunciar al exmandatario por el supuesto delito de colusión en agravio del Estado.
Del mismo modo, se incluyó en el informe a la exministra de Salud María Elizabeth Hinostroza y la extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) María Antonieta Alva.
En el documento, leído por Héctor Ventura, se encontró responsabilidad de los exfuncionarios en cinco líneas de investigación referente a: adquisición de pruebas rápidas; negociación, compra, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm; compra y suministros de oxígeno medicinal; decesos por la COVID-19; y adquisición de estructuras metálicas, así como equipamiento para el sector salud el 2020.
“Se ha corroborado, en el caso de la línea de investigación referente a la adquisición de pruebas de para la prevención y control del COVID-19, que se ha vulnerado (la Constitución) al poner en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos al exponer al descarte de COVID-19 mediante pruebas rápidas; que evidencia una violación a sus funciones, competencias y política nacional de salud”, sostuvo Ventura en la sesión de la comisión el último jueves.
