Áncash volvió a quedar en el centro de la polémica tras un grave caso de presunta negligencia médica ocurrido en el Hospital de Yungay. Una mujer primeriza se vio obligada a dar a luz en los pasillos del establecimiento ante la ausencia del personal de salud que debía atenderla, pese a que el hospital contaba con médicos y enfermeras de guardia. El hecho generó una inmediata ola de indignación ciudadana.
El dramático momento fue registrado en video por familiares de la parturienta y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando rechazo y severos cuestionamientos al sistema público de salud. Las imágenes muestran a la joven madre en pleno trabajo de parto, tendida en el suelo y sin ningún tipo de asistencia médica, en condiciones indignas que evidencian una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
Destituyen a personal
Ante la presión social y mediática, la Dirección Regional de Salud de Áncash anunció medidas inmediatas. Fueron destituidos el ginecólogo, la obstetra, las enfermeras de turno y la directora del Hospital de Yungay, luego de confirmarse que no se encontraban en sus puestos pese a estar asignados a la guardia médica. Las autoridades calificaron lo ocurrido como un hecho inaceptable y contrario a los principios básicos de la atención en salud.
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De manera paralela, el Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron diligencias preliminares para determinar posibles responsabilidades penales. Las investigaciones se centran en los presuntos delitos de abandono de persona en peligro y negligencia médica, en un caso que ha dejado al descubierto serias deficiencias en la gestión y supervisión de los servicios hospitalarios en la región.
Bajo observación médica
Actualmente, tanto la madre como el recién nacido —quien llegó al mundo con un peso aproximado de 3.5 kilos— se encuentran estables y bajo observación médica. Sin embargo, el impacto del caso trasciende lo clínico y ha provocado una profunda pérdida de confianza ciudadana.
Para la población, las destituciones no son suficientes: exigen sanciones ejemplares y reformas estructurales que garanticen una atención digna y eviten que hechos similares vuelvan a repetirse.
