Frente a los últimos hechos suscitados entre la ronda campesina de Hualcuy con el alcalde de Ayabaca, el asesor jurídico de dicha Municipalidad Provincial, Pedro Albán, señala que las rondas campesinas son organizaciones comunales reconocidas por Ley N° 27908 para contribuir a la seguridad, justicia y desarrollo en el ámbito rural, y en el artículo 149 de la Constitución Política reconoce las funciones jurisdiccionales de las autoridades comunales, apoyadas por las rondas, basándose en el derecho consuetudinario y siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas.
El jurídico precisa además que, la Ley 27908, regula estas funciones y establece que las rondas deben acreditarse, crear un estatuto, inscribirse en registros públicos y mantener coordinación con las autoridades ordinarias del Estado, lo que no se cumple con la ronda de Hualcuy, ya que, según señala, no tiene personería jurídica; es decir, que no está reconocida ni inscrita ante Registros Públicos ni ante la comuna provincial, por lo que estaría incurriendo en delito.
Para el asesor legal, Pedro Albán, lo sucedido implica un concurso de delitos, al alcalde no se le dio acceso a la legítima defensa, ya que no se le notificó ninguna agenda por alguna investigación específica y así se evidencia en el documento de invitación, que solo indica Reunión de Coordinación. Añade que a ello se suma que, se realizó la asamblea con un grupo ronderil que no pertenece a la jurisdicción, ya que provenían de otras provincias y regiones, lo que también constituye otro acto ilegal.
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Además, agrega, se le expuso mediáticamente cuando recibía la sanción, afectando su integridad, dignidad y su honra, lo que también evidencia otro acto ilegal.
Señala que ante la falsedad de personería jurídica del grupo ronderil, deben afrontar los cargos civil y penalmente, ya que las imputaciones o supuestos indicios de corrupción deben ser debidamente probadas para ser ajusticiadas, lo que no ha ocurrido en este caso. Por lo que el área legal solicita la intervención del Ministerio Público y Poder Judicial para evitar otros abusos y excesos de este tipo.
