El 2025 se perfila como un año crucial para la administración de la presidenta Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana, marcada por una creciente ola de extorsión, sicariato y otros delitos violentos que amenazan con superar las capacidades del Estado. Pese a algunos descensos en ciertos delitos comunes, la criminalidad organizada sigue ganando terreno y consolidando su poder, según revelan datos oficiales y análisis independientes.
De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), el promedio diario de denuncias por extorsión ha escalado dramáticamente. Entre 2019 y 2021, se registraban 10 casos diarios, mientras que en lo que va del 2025, entre enero y junio, el promedio llegó a 69 denuncias por día, un aumento siete veces mayor.
Además, los datos comparativos muestran un aumento constante: en el primer semestre del 2023, se reportaron 17.645 denuncias por extorsión; en el 2024, 19.711 denuncias, lo que representa un crecimiento del 12%. Pero el problema se profundiza en zonas específicas como Lima Metropolitana, donde, según el analista de datos Juan Carbajal, las denuncias por este delito aumentaron en un 54.5% solo entre enero y julio del presente año respecto al mismo periodo del 2024.
Modalidades criminales cada vez más diversas
El auge del delito no solo se manifiesta en cifras, sino también en la diversidad de modalidades de extorsión. El año pasado se registraron:
- 17.413 casos de extorsión típica
- 885 por cobro de cupos
- 847 del tipo “gota a gota”
- 441 bajo la modalidad de “chalequeo”
- 45 por devolución de patrimonio
- 31 de secuestro típico
- 25 ligados a páginas web
- 19 por cupos de trabajo
- 5 vinculados al tráfico de terrenos
A esto se suman mecanismos de intimidación como:
- 717 colocaciones o detonaciones de explosivos
- 490 colocaciones de municiones
- 415 disparos contra propiedades
- 321 amenazas con armas de fuego
- 31 agresiones físicas
- 30 arreglos fúnebres
- 10 incendios provocados
- 7 amenazas con arma blanca
- 1 caso de lesión con arma de fuego
En total, se contabilizaron 2.022 mecanismos de intimidación en el 2024, frente a 1.938 en el 2023, confirmando una tendencia al alza.
Crimen por regiones: Piura entre las más afectadas
El comportamiento del delito también muestra contrastes regionales significativos. En el ámbito de extorsiones denunciadas durante el primer semestre del año, se destacan:
- Lima: 8.944 (2023) y 8.149 (2024)
- La Libertad: 2.589 (2023) y 477 (2024)
- Piura: 1.187 (2023) y 2.003 (2024)
- Lambayeque: 452 y 580
- Áncash: 445 y 564
- Callao: 597 y 549
- Ica: 520 y 533
En contraste, la Policía Nacional del Perú (PNP) asegura que la delincuencia común a nivel nacional descendió, con 331.759 denuncias en el primer semestre del 2025, frente a 414.637 en el 2024. En lo que va del año, se han desarticulado 31 organizaciones criminales, deteniendo a 255 personas, entre ellas 218 peruanos, 34 venezolanos y 3 colombianos.
Sicariato y homicidios: el peligro silencioso
Uno de los datos más alarmantes es el incremento de homicidios por encargo, o sicariato, que subió un 16% respecto al año anterior. De enero a junio del 2024 se registraron 569 casos, mientras que en el 2025 esa cifra se elevó a 661.
Otras cifras del primer semestre de este año:
- Homicidios calificados: 335 (frente a 290 en el 2024)
- Homicidios simples: 63 (frente a 99 en 2024)
- Robos con muerte: 42 (menos que los 61 del año anterior)
- Feminicidios: 23 (una caída del 71% frente a los 80 del 2024)
- Otros homicidios: 11 (uno más que el año pasado)
Lima y Callao encabezan la lista de homicidios
Por regiones, las cifras también reflejan un panorama complejo:
- Lima: 504 (2024) y 495 (2025)
- Callao: 96 (2024) y 142 (2025) – un incremento del 48%
- La Libertad: 117 y 124 (+6%)
- Piura: 67 bajó a 59
- Ica: 47 a 51
- Tumbes: 17 a 28
- Arequipa: 26 a 30
- Cusco: 28 a 18
- Madre de Dios: de 9 a 18 homicidios (+100%)
- San Martín: 12 a 17
- Cajamarca: 21 a 15
- Pasco: de 9 a 2 homicidios
- Huancavelica: de 3 a 0 homicidios
Un escenario de creciente polarización
Este panorama de violencia e inseguridad se desarrolla en un contexto político altamente polarizado, donde la capacidad de respuesta del gobierno es fuertemente cuestionada. “Los grupos delincuenciales hoy son más fuertes y numerosos que entre el 2019 y 2021”, señala un informe reciente de la propia Policía Nacional.
Mientras tanto, la ciudadanía vive con incertidumbre creciente y la percepción de que la estrategia de seguridad está fracasando. La presidenta Dina Boluarte enfrenta así uno de sus mayores desafíos políticos y sociales: recuperar el control y la confianza en medio de una ola criminal sin precedentes.
