El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por el escenario actual en que las mujeres en nuestro país continúan siendo la población con más problemas para acceder a servicios básicos de salud, puestos de trabajo y justicia.
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Gutiérrez Camacho informó que el acceso de las mujeres al derecho a la salud continúa siendo la brecha más amplia. Según el informe de Thomson Reuters del 2017, la ciudad de Lima ocupa el primer lugar entre las metrópolis con más de 10 millones de habitantes en la que las mujeres tienen un precario o nulo acceso a seguros de salud, incluyendo el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Esta situación se agudiza en el interior del país por la falta de servicios especializados y de calidad, especialmente para las mujeres andinas y amazónicas. Estas carencias las exponen a situaciones de muerte materna, las que en el año 2017 ascendieron a 377 casos.
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En el ámbito laboral, a pesar de que el 57% del total de egresados de las universidades son mujeres, estas son remuneradas por debajo del promedio nacional. No menos preocupante resulta el hecho que el 57% de mujeres que trabajan se encuentran en situación de subempleo, manifestó el Defensor del Pueblo.
Asimismo, refirió que el 59% de las mujeres que no se encuentran contabilizadas dentro de la población económicamente activa se dedica al trabajo del hogar no remunerado. El 72% del total de horas dedicadas a estas labores son aportadas por mujeres.
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En cuanto a la participación política, si bien aumentó de 28 a 36 parlamentarias, su presencia en cargos de elección popular sigue siendo significativamente menor frente a la de sus pares masculinos. Solo una mujer ha sido electa como gobernadora regional. Igualmente sólo el 3% de municipalidades provinciales tiene a una mujer como alcaldesa. Esta limitación tiene entre sus causas el acoso político del cual son víctimas 4 de cada 10 candidatas. Y si logran ser elegidas, 2 de cada 5 sufren este vejamen (JNE, 2017).
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Para la Defensoría del Pueblo resulta muy preocupante la información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el sentido que el número de casos denunciados por violencia familiar, atendidos a nivel nacional el año 2017, aumentó en 33% frente al año anterior. La violencia contra las mujeres le genera al Perú costos equivalentes al 4% de su PBI.
