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Piura: Camco pide frenar minería ilegal y apostar por la formalidad

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El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Mateo Gómez Matos, advirtió sobre el avance de la minería ilegal en la región y llamó a fortalecer la minería formal, ambientalmente responsable y con control estatal. Sostuvo que mientras sectores radicales convocan congresos contra la minería formal en Tambogrande, guardan silencio ante la expansión de la minería ilegal que daña el medio ambiente y pone en riesgo la seguridad ciudadana.

Gómez criticó la falta de resultados del proceso de formalización minera (REINFO), que desde 2019 ha tenido múltiples prórrogas sin éxito. En ese sentido, pidió centrar el debate en promover una minería sostenible que beneficie a las comunidades y garantice el cumplimiento de los estándares ambientales.

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El dirigente empresarial alertó que la minería ilegal avanza en provincias como Lomas, Zapillica, Paimas, Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande, donde se han detectado redes criminales vinculadas al contrabando y la trata de personas. Recalcó que esta situación exige fortalecer la institucionalidad y mejorar la fiscalización del Estado en zonas vulnerables.

Asimismo, destacó el interés de jóvenes de Tambogrande por participar en proyectos como el hídrico minero El Algarrobo, que busca generar empleo, acceso al agua y desarrollo sostenible. Afirmó que la minería formal puede ser una palanca de progreso para las comunidades rurales del norte del país.“Hemos comprobado que muchos jóvenes apuestan por un modelo de desarrollo sostenible, porque saben que la minería formal puede ser una palanca de progreso y una fuente de agua para la población”, declaró Gómez en entrevista con Red de Comunicación Regional (RCR).

Finalmente, Gómez advirtió que Piura ha descendido al puesto 16 del Índice de Competitividad Regional del Instituto Peruano de Economía (IPE), lo que evidencia la necesidad de impulsar inversión pública y privada en infraestructura, educación y servicios básicos. Dijo que el sector privado está dispuesto a invertir, pero necesita seguridad jurídica y gestión eficiente del gasto público.